El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, participó en el foro de gerentes de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, donde expuso la hoja de ruta de su cartera y escuchó inquietudes del sector regional.
En ese escenario, lanzó una de las alertas más contundentes de su intervención: “no puede ser que una ciudad capital no tenga morgue”, una afirmación que puso en evidencia la fragilidad de la infraestructura forense en Armenia, donde durante las últimas semanas se han trasladado los cuerpos hacia Pereira a falta de una infraestructura propia y verrificada que hace que dependa de otros territorios con capacidades limitadas.
Crisis forense y presión sobre el sistema
En esa línea, el funcionario advirtió que la ausencia de una morgue no solo es un problema logístico, sino un riesgo institucional, al obligar a trasladar cuerpos a otras ciudades que también enfrentan restricciones.
Por ello, aseguró que “este es un proyecto que me llevo con claridad para moverlo”, confirmando que gestionará los recursos por $15.000 millones que se requieren para su contrucción, así como el acompañamiento desde el Gobierno nacional para destrabar esta necesidad.
La situación, según lo expuesto, refleja un rezago estructural en infraestructura clave para la administración de justicia.
Hacinamiento, extorsión y fallas de control
En materia penitenciaria, Cuervo Restrepo expuso cifras que evidencian la presión del sistema: cerca de 119.000 personas privadas de la libertad en cárceles y 19.000 con detención domiciliaria, en un país donde el hacinamiento carcelario supera el 125 %, lo que refleja una ocupación por encima de la capacidad instalada.
A esto se suman fallas en la articulación institucional, especialmente en el manejo de tecnologías como los brazaletes electrónicos, lo que incide directamente en delitos como la extorsión; en sus palabras, “hay una falla que tenemos que corregir”, al referirse a la desconexión entre las entidades encargadas del control y la contratación de estos sistemas.
Itagüí: medidas, abusos y control en revisión
Frente a la situación en la Cárcel de Itagüí, el ministro confirmó decisiones inmediatas como la remoción de responsables, la apertura de procesos disciplinarios y el refuerzo del perímetro con presencia militar.
Además, anunció que las cámaras de seguridad serán instaladas antes del 30 de abril. Reconoció que hubo “abusos en beneficios”, lo que obligará a revisar los controles, especialmente tras hechos como el concierto del cantante Nelson Velásquez, que evidenció fallas graves en la supervisión dentro del penal.
Nuevas cárceles y ampliación de capacidad
Finalmente, el ministro señaló que el Gobierno avanza en medidas para ampliar la capacidad del sistema, al confirmar que en junio se entregará una nueva cárcel en Riohacha con 1.400 cupos, mientras se gestionan recursos para otra en San Ángel, Magdalena, con capacidad para 3.400 internos.
A esto se suma la revisión del proyecto de un nuevo pabellón en la cárcel de Peñas Blancas, en Calarcá. En ese contexto, fue claro al afirmar que “se necesitan más cárceles en el país”, en medio de un sistema que enfrenta hacinamiento, limitaciones operativas y desafíos crecientes en materia de control y seguridad.