La presidenta de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), Adriana Guillén, aseguró que existe una alta incertidumbre sobre la situación actual y el futuro de la Nueva EPS, especialmente ante la posibilidad de que se levante la intervención estatal sin que se conozca su estado financiero.
La situación ejecutiva señaló que actualmente las cajas de compensación, Colsubsidio, Compensar, Cafam, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle y Comfandi siguen siendo accionistas de la Nueva EPS pero no son mayoría, lo que genera preocupación es que no se conocen los estados financieros de la entidad.
“La Nueva EPS nació como una entidad pública tras la implementación de la Ley 100 de 1993, asumiendo el impacto del antiguo Seguro Social", dijo la dirigente gremial.
Sin embargo, reconoció que el modelo inicial "fracasó como EPS pública”, lo que llevó a que el Gobierno "convocara a las cajas de compensación para rescatarla”.
Según detalló, seis cajas de compensación ingresaron como accionistas con recursos propios —no provenientes del subsidio familiar— con el objetivo de capitalizar la entidad y garantizar su sostenibilidad.
“Se logró recuperar la Nueva EPS y llegó a funcionar bien en todo el país”, afirmó Guillén, destacando que la participación privada permitió mejorar la operación y evitar la politización de la entidad.
Crisis estructural del sistema
No obstante, la dirigente señaló que los problemas financieros del sistema de salud, especialmente relacionados con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), afectaron nuevamente a la entidad con las decisiones del actual gobierno.
En ese contexto, subrayó que el Gobierno decidió intervenir la Nueva EPS, lo que implicó que los accionistas perdieran el control operativo y de dirección.
“Hoy no conocemos los estados financieros ni sabemos qué está pasando dentro de la entidad”, advirtió Guillén.
La presidenta de Asocajas explicó que, tras la intervención, las cajas de compensación fueron excluidas de la junta directiva y no participan en la toma de decisiones.
“Además, no se han convocado asambleas de accionistas, lo que limita su capacidad de conocer la situación real de la EPS”, sostuvo.
En la actualidad, indicó, el control accionario está en manos del Estado, lo que refuerza la necesidad de mayor transparencia.
Dudas si se levanta la intervención
Frente a un posible levantamiento de la intervención, Guillén insistió en que es fundamental conocer previamente el estado financiero de la entidad. “Si se desinterviene, no sabemos qué empresa vamos a recibir ni en qué condiciones”, afirmó.
Aunque las cajas de compensación seguirían siendo accionistas, ya no tendrían el control mayoritario, lo que genera dudas sobre su rol futuro.
Frente a la posibilidad de que las cajas se retiren de la Nueva EPS si la situación no es viable, Guillén fue prudente al indicar que son cosas que se tienen que estudiar.
“No podemos responder con responsabilidad esa pregunta porque no sabemos qué está pasando dentro de la empresa”, señaló.
Asimismo, dejó claro que actualmente no existe capacidad para una nueva capitalización, ni disposición para invertir recursos sin conocer la situación financiera real de la entidad.
“Si hoy nos dijeran ahí ya no está intervenida, volveríamos entonces a participar, pero ya sin control accionario y tendríamos que entender en qué condición participamos, qué entidad estamos recibiendo, es que no sabemos qué entidad vamos a recibir y nosotros tampoco tenemos la capacidad de capitalizar”, explicó Guillén.
Llamado a claridad institucional
Añadió que "nosotros no podemos recoger o tomar recursos del 4% para invertirlos y capitalizar la Nueva EPS. Y como accionistas no sé si estaríamos interesados en capitalizar algo que no sabemos en qué condiciones financieras está".
La dirigente gremial enfatizó que el Ministerio de Hacienda debe jugar un papel clave en esclarecer las condiciones económicas de la Nueva EPS, antes de tomar decisiones sobre su futuro.
Diferentes voces del sector advierten sobre la necesidad de decisiones técnicas y transparentes para evitar un mayor deterioro del sistema de salud en el país.