La crisis del sistema de salud colombiano por la falta de medicamentos vuelve a encender las alarmas. En distintas regiones del país, pacientes con enfermedades crónicas, tratamientos de alto costo y condiciones complejas denuncian retrasos reiterados en la entrega de fármacos esenciales, largas filas en dispensarios y respuestas administrativas que no resuelven la urgencia médica.
Aunque autoridades han insistido en que existen mecanismos para garantizar la continuidad de los tratamientos, organizaciones de pacientes y médicos advierten que el problema ya supera lo administrativo y se convirtió en un riesgo directo para la vida. La interrupción de terapias, especialmente en personas trasplantadas o con enfermedades autoinmunes, puede desencadenar complicaciones graves e incluso irreversibles. En medio de ese panorama surge un nuevo caso que genera indignación y abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad de las EPS frente a tratamientos vitales.
El caso: un trasplante exitoso que hoy está en riesgo
Laura Vanessa Miranda Fernández, paciente afiliada a la Nueva EPS, denuncia que la falta de entrega oportuna de sus medicamentos inmunosupresores terminó provocando su hospitalización por rechazo del hígado que le fue trasplantado.
La mujer recibió el procedimiento en la Fundación Cardioinfantil luego de esperar más de un año por un órgano compatible, tras ser diagnosticada con cirrosis causada por hepatitis autoinmune. El trasplante, realizado hace casi dos años, representó una nueva oportunidad de vida, pero hoy su estado de salud vuelve a estar comprometido.
Según relató, el medicamento formulado es indispensable para evitar que su organismo ataque el órgano trasplantado. Sin embargo, asegura que la EPS dejó de entregarlo oportunamente.
La paciente explicó que, ante la falta del tratamiento, comenzaron a reaparecer los síntomas que ya había sufrido antes del trasplante. Poco después, los médicos confirmaron un episodio de rechazo, situación que obligó a su hospitalización.
Tutela sin respuesta y explicaciones administrativas
Frente a la ausencia del medicamento, la familia interpuso una acción de tutela hace más de un mes. Pese a que ya habrían transcurrido los tiempos legales para su cumplimiento, la entrega sigue sin concretarse.
De acuerdo con la denunciante, la única explicación recibida fue que el retraso obedecía a un proceso interno de renovación contractual. Mientras tanto, afirma que continúa esperando una solución efectiva.
La paciente insiste en que no se trata de un tratamiento opcional: la medicación es parte permanente del protocolo médico posterior a un trasplante y su interrupción pone en riesgo directo la supervivencia del órgano.
“Que se pongan las pilas”: el llamado a las autoridades
Desde la cama del hospital, Miranda Fernández hizo un llamado urgente tanto a la EPS como al Gobierno Nacional para garantizar la continuidad de los tratamientos a pacientes en condiciones críticas.
Su caso revive una discusión que cada vez toma más fuerza en redes sociales: ¿qué ocurre cuando los trámites administrativos chocan con necesidades médicas inmediatas? Usuarios han cuestionado si el sistema está preparado para proteger a quienes dependen diariamente de medicamentos vitales.
Un debate que crece en medio de la reforma a la salud
El episodio ocurre en un momento especialmente sensible para el sistema sanitario colombiano, marcado por discusiones sobre financiación, reformas estructurales y el papel de las EPS en la prestación del servicio.
Expertos advierten que los pacientes trasplantados constituyen uno de los grupos más vulnerables dentro del sistema, pues cualquier interrupción en su tratamiento puede generar consecuencias médicas graves y altos costos hospitalarios posteriores.
El caso de Laura Vanessa Miranda Fernández no solo abre interrogantes sobre la atención individual recibida, sino que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta mayor: si el acceso a medicamentos esenciales falla, ¿hasta dónde llega realmente la garantía del derecho a la salud en Colombia?