En Colombia, el 62% del parque automotor corresponde a motocicletas; sin embargo, el crecimiento de este medio de transporte, concebido inicialmente como una alternativa ágil para la movilidad urbana, ya está generando congestión vehicular en las principales ciudades del país.
De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en el país hay más de 14 millones de motocicletas registradas, con un promedio de inscripción de 120.000 vehículos cada trimestre, lo que evidencia un incremento constante en este tipo de automotores.
En este contexto surge el interrogante: ¿es momento de implementar la medida de pico y placa para motocicletas en Colombia?
El debate sobre esta posible regulación reunió las posturas del concejal Juan David Quintero y del consultor del Ministerio de Transporte y exsecretario de tránsito de Montería, Omar Hernández, quienes en entrevista con La FM discutieron el crecimiento del parque automotor de motos, el papel de la regulación estatal y las medidas orientadas a la seguridad vial.
¿Es viable aplicar pico y placa a las motocicletas en Colombia?
Omar Hernández señaló que el crecimiento del parque de motocicletas ha sido “de manera exponencial” y sostuvo que “no es conveniente que el parque automotor de motocicleta entre en un sistema de pico y placa”, al considerar que su control operativo resulta complejo en la práctica.
El ex funcionario explicó que experiencias previas en ciudades como Bogotá muestran efectos no previstos. Indicó que tras la implementación del pico y placa para carros, “la gente ya no tenía un vehículo, sino que accedió a dos carros y a tres carros”, lo que, según dijo, evidenció que la medida no logró reducir la congestión.
En su intervención, afirmó que un escenario similar podría repetirse con las motocicletas, ya que “esto mismo va a ocurrir si lo hacen con el parque automotor de la motocicleta”, al insistir en que el problema no se resuelve únicamente con restricciones de circulación.
Por su parte, Juan David Quintero defendió la discusión de alternativas regulatorias y señaló que el Estado ha sido “supremamente benevolente con las motocicletas”, al mencionar que existen cobros asociados a accidentes no cubiertos por el SOAT y altos niveles de evasión del seguro obligatorio.
El concejal sostuvo que “el 78% de los usuarios de moto en Colombia no pagan SOAT” y planteó que se requieren medidas adicionales como el cobro por congestión, que permitiría restringir la circulación en zonas de alta movilidad. Según dijo, estas acciones buscan “generar seguridad vial al alcance de todos”.
¿Qué medidas propone el Estado frente al uso de motocicletas?
Quintero afirmó que el uso de motocicletas en el espacio urbano ha generado impactos en la movilidad y la seguridad. Señaló que “las motos invaden las ciclorrutas y los andenes”, lo que, según su intervención, representa riesgos para los actores más vulnerables del sistema vial.
En contraste, Omar Hernández atribuyó estas situaciones a fallas institucionales y de control. Sostuvo que “la culpa directamente es del Estado”, al considerar que no se están aplicando las regulaciones necesarias para el ordenamiento del tránsito.
Hernández explicó que el problema también está relacionado con la formación de los conductores. Indicó que “el problema se debe a la falta de capacitación, de entrenamiento y de educación con los motociclistas”, planteando que el debate debe centrarse en la pedagogía vial.
Quintero respondió que existe una contradicción en atribuir exclusivamente al Estado la responsabilidad, mientras se cuestiona su capacidad de regulación. Afirmó que el incremento de motocicletas sin control ha generado una situación que requiere intervención institucional.
El concejal agregó que el espacio público debe ser compartido entre todos los actores viales y que el Estado debe evaluar medidas como el pico y placa o el cobro por congestión. Señaló que la situación actual refleja problemas de convivencia en las vías urbanas.
Hernández insistió en que la solución debe incluir procesos de educación y recordó experiencias de cultura ciudadana en Bogotá. Mencionó que durante procesos anteriores se promovieron cambios de comportamiento sin necesidad de sanciones directas.
Quintero, sin embargo, sostuvo que las campañas educativas no son suficientes si no se acompañan de control. Afirmó que “no podemos hablar simplemente de cultura ciudadana si no tenemos también la capacidad de control”, al referirse a la regulación del uso de motocicletas.
El debate concluyó con diferencias entre ambas posturas: una enfocada en la educación y la regulación institucional, y otra en la necesidad de medidas restrictivas como el pico y placa y el cobro por congestión para enfrentar el crecimiento del parque de motocicletas en Colombia.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM