De acuerdo con datos del Inpec, el hacinamiento en cárceles de Colombia es del 23.3%. Hay 100.677 personas presas, pero capacidad para 81.644 en los presidios del país. A su vez, hay 58.118 reos con medidas extramurales, y solo 6.862 de estos tienen algún tipo de control electrónico.
De acuerdo con información que una fuente reservada reveló a La FM, el más reciente contrato que Colombia pagó a la empresa privada encargada de realizar los brazaletes para aquellas casi 7.000 personas con prisión domiciliaria ronda los 75.000 millones de pesos por un año y medio.
Es decir, Colombia tiene un gran gasto económico en estas medidas que pretenden hacer un seguimiento a sujetos que tienen la posibilidad de salir de la cárcel y cumplir las condenas que les hayan sido impuestas desde su hogar.
¿Por qué los brazaletes electrónicos no funcionan como deberían?
La fuente consultada por La FM explica que estos objetos tienen dos mecanismos: el primero es por frecuencia por GPS, usado para ciudades; el segundo es la radiofrecuencia, usado en zonas rurales.
El GPS tiene un perímetro de movimiento que pueden realizar los presos y deben tener un seguimiento regular por parte de las autoridades que no se cumple. "Sobre esa vigilancia electrónica existe un vacío normativo gigante y eso es legal", indica la fuente.
1. Las visitas esporádicas
Este es el primer problema que tiene el sistema carcelario en este ámbito, que las visitas son esporádica, lo cual "le permite al interno evadirse de su prisión domiciliaria", al no declararse una continuidad rigurosa para que se realicen las visitas.
2. Una extensión de la cárcel que no se cumple
Cuando a una persona le es permitido pagar su condena en casa, esta se convierte en "extensión de la cárcel", da manera que debe cumplirse la restricción de la libertad. La fuente indica a este dial que la Policía Nacional y el operador de GPS deben trabajar articuladamente cuando un reo incumple con la restricción que tiene.
"Cuando haya una vulneración, el cuadrante debe acudir. Es un hecho que no pasa", indica la fuente. Las autoridades y la empresa encargada del servicio tienen datos de lo que ocurre en tiempo real.
3. Pocos guardias y pocos policías
Muy conocida es la baja cantidad de unidades de las autoridades en Colombia, y esto tiene un impacto en el control de quienes pagan casa por cárcel, porque no se puede realizar la mencionada vigilancia. De acuerdo con la fuente consultada, estas deberían realizarse cada tercer día, "o dos veces por semana y no una cada 2, 3, 5 meses".
4. El daño de los brazaletes
Pero el sistema tiene otro reto. Los presos con prisión domiciliaria suelen dañar los brazaletes, lo cual tiene un impacto en el seguimiento de su condena. Para el experto aquí existe un error en el contratista del INPEC y de la institución, porque, uno, debería emitirse una alerta directa; y, dos, debería realizarse una búsqueda cuando la señal se pierde.
En la mayoría de los casos las autoridades se dan cuenta de estos daños luego de que capturan a un preso. Otra de las medidas que toman los presos es inhibir la señal que emiten estos aparatos.
5. ¿En qué debería trabajar el Estado para contrarrestar esta problemática?
"El sistema es vetusto", asegura la fuente, porque este solo sirve para geo-referenciar a los presos. Añade que es necesario incorporar nuevos elementos tecnológicos "que permita establecer que se reúnen varios internos con brazalete porque ellos son amigos". Pero también que se conozca el estado de salud de la persona que usa el aparato y si cumple con la reglamentación carcelaria, aunque esté desde su hogar.
A propósito, cuestiona: "Siempre se ha hablado de las extorsiones por parte de la población privada que se encuentran en las cárceles del país; pero poco se habla de las extorsiones que se realizan por parte de la población carcelaria en condición de casa por cárcel".
Para la fuente la solución es tecnológica, pero también es necesario que se cree un equipo de guardias que tenga la capacidad de responder en tiempo real, con apoyo de las autoridades.