La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato que superaba los $36.300 millones, destinado a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Sistemas de Comunicaciones de Voz (VCS) en 18 aeropuertos de Colombia.
La actuación busca determinar si durante el desarrollo del contrato se presentaron deficiencias en la gestión y supervisión de las actividades necesarias para verificar la calidad de los equipos antes de su envío e instalación en el país.
De acuerdo con el Ministerio Público, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con la autorización de los viajes al exterior del personal encargado de realizar las pruebas técnicas presenciales en las instalaciones del fabricante extranjero.
¿Quiénes son los exdirectivos investigados?
La investigación disciplinaria involucra a tres exfuncionarios de Aerocivil que ocuparon cargos directivos y administrativos en diferentes periodos:
José Henry Pinto Rodríguez: exdirector general de Aerocivil durante 2025.
Luis Alfonso Martínez Chimenty: exdirector general de la entidad entre 2025 y 2026.
Carlos Uriel Barragán Mina: quien se desempeñó como secretario de Servicios a la Navegación Aérea entre 2023 y 2026.
La Procuraduría busca establecer si los investigados tuvieron alguna responsabilidad en las presuntas deficiencias administrativas relacionadas con la supervisión y ejecución del contrato.
La apertura de la investigación no implica que los exdirectivos sean responsables de las irregularidades señaladas. El proceso disciplinario deberá determinar las circunstancias de los hechos y establecer si hubo conductas que puedan constituir faltas disciplinarias.
Presuntas fallas en las pruebas técnicas de los equipos
Uno de los principales aspectos que examina el Ministerio Público es la presunta falta de gestión para autorizar los desplazamientos internacionales de los funcionarios responsables de verificar los sistemas de comunicaciones en las instalaciones del fabricante.
Estas pruebas presenciales estaban previstas para realizarse antes de que los equipos fueran enviados a Colombia y posteriormente instalados en los aeropuertos incluidos en el contrato.
Según la información de la Procuraduría, la falta de estas verificaciones podría haber comprometido el control de calidad previo al envío de los equipos, así como la capacitación del personal de Aerocivil contemplada en las obligaciones contractuales.
La entidad de control deberá establecer si las pruebas se realizaron, qué procedimientos de supervisión se aplicaron y si las decisiones administrativas relacionadas con los viajes afectaron el cumplimiento de las condiciones pactadas.
Un contrato para modernizar las comunicaciones en 18 aeropuertos
El contrato investigado tenía como objeto adquirir, instalar y poner en servicio Sistemas de Comunicaciones de Voz, conocidos como VCS, en 18 aeropuertos del país.
Este tipo de tecnología permite gestionar las comunicaciones de voz utilizadas en los servicios de navegación aérea, por lo que su adecuada instalación, funcionamiento y verificación técnica son aspectos relevantes para la operación aeroportuaria.
La investigación busca esclarecer si se cumplieron los controles previstos para garantizar que los equipos llegaran en condiciones adecuadas y que el personal encargado de utilizarlos recibiera la capacitación establecida en el contrato.
Por ahora, la información divulgada por la Procuraduría se concentra en las presuntas deficiencias relacionadas con las pruebas técnicas y la gestión de los viajes del personal supervisor. No se han detallado en el comunicado las conclusiones definitivas sobre el cumplimiento integral del contrato ni las eventuales consecuencias económicas de los hechos investigados.
¿Qué sigue en la investigación disciplinaria?
Con la apertura del proceso, la Procuraduría deberá recaudar y evaluar los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades disciplinarias de los exdirectivos investigados.
Entre los aspectos relevantes están las actuaciones administrativas relacionadas con la autorización de los viajes, la realización de las pruebas presenciales, la verificación de los equipos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales de capacitación.
El desarrollo de la investigación permitirá establecer si las presuntas deficiencias constituyeron faltas disciplinarias y si corresponde adoptar decisiones frente a los exfuncionarios.
Mientras avanza el proceso, las conductas señaladas continúan siendo objeto de investigación y no constituyen, por sí mismas, una declaración de responsabilidad.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Por qué investiga la Procuraduría a tres exdirectivos de Aerocivil?
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato superior a los $36.300 millones, destinado a adquirir, instalar y poner en funcionamiento sistemas de comunicaciones de voz en 18 aeropuertos de Colombia.
¿Quiénes son los exdirectivos de Aerocivil investigados?
Los funcionarios investigados son José Henry Pinto Rodríguez, exdirector general durante 2025; Luis Alfonso Martínez Chimenty, quien ocupó ese cargo entre 2025 y 2026; y Carlos Uriel Barragán Mina, exsecretario de Servicios a la Navegación Aérea entre 2023 y 2026.
¿Cuáles serían las presuntas irregularidades en el contrato de los aeropuertos?
La investigación busca establecer si hubo deficiencias en la gestión para autorizar los viajes al exterior del personal encargado de supervisar las pruebas técnicas presenciales de los equipos en las instalaciones del fabricante extranjero. La falta de estas verificaciones podría haber comprometido el control de calidad previo al envío y la capacitación del personal de Aerocivil.
¿Qué busca determinar la Procuraduría con esta investigación disciplinaria?
El organismo de control busca esclarecer si se cumplieron las obligaciones contractuales, si se realizaron las pruebas técnicas previstas y si las actuaciones administrativas de los exdirectivos pudieron constituir faltas disciplinarias. La apertura de la investigación no significa que los funcionarios sean responsables de las presuntas irregularidades.