Una investigación de la Procuraduría General de la Nación estableció que Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que murió por hemofilia el 13 de febrero, falleció por “negligencia” y “omisión” de Nueva EPS —la entidad de salud más grande del país y a la que estaba afiliado—, por no suministrarle su medicamento.
El Ministerio Público elaboró un informe sobre las circunstancias de la muerte del menor, y determinó que la falta de entrega de emicizumab por cerca de dos meses puso a Kevin “en una situación clínica crítica”. Medicarte, la IPS que atendía al niño, suspendió la entrega de medicinas por falta de pago de Nueva EPS.
La IPS Integral, que debía recibir a los pacientes de Medicarte, no asumió el compromiso, por el mismo motivo: Nueva EPS tampoco le giró recursos. La Procuraduría indicó que otros dos mil pacientes “podrían estar en alto riesgo” por las mismas condiciones, pues no tienen atención médica asegurada.
Un mes y cuatro días después de la muerte de Kevin, la Procuraduría decidió, además, abrir una investigación disciplinaria contra Luis Óscar Galves Mateus, interventor de Nueva EPS a partir de noviembre de 2025 en medio de la toma forzosa que la Superintendencia de Salud adelanta desde abril de 2024.
La familia de Kevin Acosta denunció al presidente Gustavo Petro y a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por revelar parte de la historia clínica del menor. La Procuraduría compulsó copias para que la Fiscalía investigue a “las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el lamentable fallecimiento”.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inspeccionó, la última semana de febrero, unas ocho IPS en Huila, Antioquia, Santander, Cauca y Bogotá para conocer qué servicios y medicamentos se le suministraron, o no, a Kevin. También analizó la necropsia que el Instituto de Medicina Legal practicó.
La Unidad de Vida de la Seccional de Bogotá emitió varias órdenes para que la Policía Judicial recolecte la mayor cantidad de elementos materiales probatorios posible. Una fiscal se reunió con la defensa de la familia Acosta para coordinar cómo esa línea de investigación puede complementarse con la que nacerá contra el ministro Jaramillo.
El abogado de la familia, Manuel Villanueva, radicó el 2 de marzo una denuncia contra el jefe de cartera en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la encargada de investigar al ministro por cuenta de su fuero. Es la misma área que indaga a Jaramillo por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022.
Ambas denuncias —contra Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y contra Jaramillo en la Fiscalía— tienen nueve páginas y señalan a los miembros del Ejecutivo de infringir el artículo 194 del Código Penal: Divulgación y empleo de documentos reservados. No es un delito de cárcel, sino de multa, siempre que no sea un punible más grave.
Las denuncias contra Petro y Jaramillo, y el incierto rumbo en la Comisión de Acusación
O sea, si los procesos avanzan y notan que Petro y Jaramillo cayeron en, por ejemplo, prevaricato, las autoridades podrían tipificar de manera distinta y elevar el alcance de las sanciones. En todo caso, el optimismo de cara a la Comisión de Acusación no está tan presente, por el triunvirato investigador.
Alirio Uribe, del Pacto Histórico; Juan Carlos Wills, del Partido Conservador —a quien un juzgado le ordenó en noviembre recolectar pruebas contra la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema, tras una queja del ministro Armando Benedetti—, y William Aljure, de las Circunscripciones de Paz, investigarán al jefe de Estado.
La presidencia de la Comisión, al mando de la representante Gloria Arizabaleta —quien pidió la escisión de la Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras adscrito al Pacto Histórico—, les envió el expediente porque antes recibieron una denuncia similar que la familia de Kevin desconoce.
Manuel Villanueva trabaja en la recusación contra el triunvirato, le confirmó a La FM. Si el recurso no prospera, interpondrá una tutela. Y si el Legislativo, en suma, no echa a andar la denuncia, los Acosta Pico acudirán a la justicia internacional. El abogado lamenta que “no va a pasar absolutamente nada”.
Kevin Arley Acosta Pico murió el 13 de febrero. Permanecía en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia, en Bogotá, luego de que Nueva EPS autorizara su traslado desde Huila. Su tratamiento médico había sido interrumpido, y solo las súplicas y publicaciones en redes sociales sirvieron para el transporte.
El movimiento Pacientes Colombia, que reúne a cerca de doscientas organizaciones de pacientes, aseguró que la muerte del menor se debe al “abandono” de Nueva EPS. La oenegé calificó su fallecimiento como “evitable”. El 8 de febrero Kevin ingresó al hospital San Antonio de Pitalito tras sufrir una caída cuando montaba bicicleta.
No recibía su medicamento desde el 12 de diciembre de 2025. Tampoco tenía una IPS asignada. “Esta es una grave vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida de un menor de edad”, denunció la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que siguió el caso y le exigió a Nueva EPS “una respuesta inmediata”.
El niño se golpeó la cabeza desde una altura de un metro y medio, aproximadamente. Su madre lo llevó a urgencias en Palestina, un municipio huilense fundamentalmente agricultor de cerca de doce mil habitantes. Requería emicizumab un medicamento que debía aplicarse cada veintiocho días y del que completaba dos meses sin recibir ninguna dosis.
Desde Palestina, los médicos lo remitieron a Pitalito. La IPS Medicarte terminó su convenio con Nueva EPS el primero de enero de 2026. Desde entonces, Kevin no tenía IPS asignada. La EPS le informó a la madre del menor del traslado a otra IPS, Integral Solutions, donde solo tuvo una consulta por teléfono.
La cadena de fallas en la atención médica que dejó a Kevin Acosta sin tratamiento
Al día siguiente de la consulta, “me notificaron que esta IPS tampoco tenía contrato vigente con la EPS”, contó la señora Yudy Katherine Pico, madre de Kevin. La consulta de hematología derivó en la orden de unos exámenes que, de todos modos, no fueron posibles. “Nueva EPS no se ha hecho responsable, ni de la IPS del niño ni del medicamento”, relató.
Los pacientes con hemofilia, un trastorno hereditario que afecta a la sangre, son especialmente delicados. Por ley, las EPS deben garantizar una IPS que brinde atención integral, incluso en términos psicológicos, y que certifique la dispensación de medicamentos. El golpe en la cabeza de Kevin provocó un sangrado cerebral.
Mientras el presidente Petro y su ministro Jaramillo han culpado a Katherine Pico por dejar que su hijo montara bicicleta, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró que la garantía del derecho a la salud no depende de lo que los pacientes hagan o dejen de hacer. “El sistema de salud debe atender a todas las personas”, dijo.
“La garantía del derecho a la salud no puede estar restringida ni condicionada a comportamientos de los pacientes”, insistió Cuervo frente a la prensa, al tiempo que señaló que la Superintendencia de Salud tiene la orden del Ejecutivo de especificar quiénes tuvieron responsabilidad directa en el fallecimiento que indigna al país.
Ante la pregunta de si su colega Jaramillo tendría que responder por el deceso, Cuervo fue esquivo. “La Superintendencia Nacional de Salud tiene que establecer la investigación”, remarcó. El ente adscrito a la cartera sanitaria establecerá qué tanto tuvo que ver Nueva EPS, que la Procuraduría ya señala. Cuervo calificó la muerte como una “tragedia”.
El sistema de salud defraudó a Kevin, de siete años. Así lo explicó la Defensoría del Pueblo en un corto pronunciamiento sobre el caso, que evidencia fallas de parte de la intervenida Nueva EPS. La Defensoría también se desmarcó de Petro y Jaramillo, en tanto señalar a la señora Pico es revictimizarla.
“Hoy todos somos Kevin Acosta. La muerte de Kevin no es responsabilidad de su mamá, porque el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada”, escribió la entidad en un trino, en el que concluyó que “el cuidado es un derecho humano, igual que la salud”.
La defensora Iris Marín complementó que el sistema sanitario “no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance” ni de cumplir la ley. “Fallamos”, expresó la constitucionalista. “Si no lo vemos así, se repetirá”, advirtió. “El sistema de salud, en su conjunto, falló en el cuidado de Kevin”, aseguró finalmente el Ministerio Público.
El 19 de febrero empezó a correr un plazo de cinco días hábiles para que Nueva EPS entregara un informe sobre sus finanzas, con soportes, datos y medidas adoptadas frente al giro de recursos a las IPS. Así lo ordenó la Procuraduría General de la Nación seis días después del fallecimiento del niño con hemofilia A Severa.
La lupa sobre Nueva EPS: finanzas, control estatal y la polémica por la historia clínica
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social pidió conocer el plan de trabajo que Nueva EPS ha diseñado para el cierre, la certificación, el dictamen y la aprobación de sus estados financieros de 2023 y 2024. El programa debía incluir la legalización de anticipos a la red prestadora de servicios de salud.
Aunque el Ministerio Público actúa como garante de derechos y órgano disciplinario, la vigilancia de las EPS le corresponde en principio a la Superintendencia de Salud. Nueva EPS tiene una superintendenta ad hoc por orden del Ministerio de Salud.
En octubre de 2025, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo posesionó a Bernardo Camacho como superintendente de Salud. El médico había sido interventor de Nueva EPS, lo que implicaba representación legal y presencia en la junta directiva.
Jaramillo remarcó el conflicto de interés de Camacho en la entidad y designó a una superintendenta ad hoc que se encargue exclusivamente de la EPS más grande del país, que atiende a unos once millones de usuarios.
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Lizeth Rodríguez fue la primera en el cargo. Luego llegó Luz María Múnera, actual consejera para las Regiones, quien sigue en el puesto. La Procuraduría le reclamó.
El ente de control le pidió a Múnera “ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acción” de Nueva EPS, de acuerdo con un comunicado oficial. La idea es evitar “poner en riesgo” la integridad de los pacientes y el destino de los recursos.
Durante un discurso en La Guajira el 17 de febrero, el presidente Petro leyó sin consentimiento la historia clínica de Kevin, que incluía un “documento de aceptación de la mamá” de no intervenir quirúrgicamente al menor luego de su caída jugando en bicicleta. Katherine Pico tuvo que explicar su decisión públicamente.
La madre de Kevin precisó que su postura se basó en el riesgo de una hemorragia severa por el tiempo que llevaba el niño sin tomar emicizumab. “Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”, dijo el mandatario. Revelar la historia clínica es una vulneración grave a documentos con reserva legal.
A partir de las denuncias de Manuel Villanueva y la familia de Kevin, y de las conclusiones de la Procuraduría, la Fiscalía, la Comisión de Acusación y la Superintendencia de Salud tendrán que determinar dónde estuvo la falla sensible de acabar la reserva de la historia clínica del menor. Las autoridades tendrán la última palabra sobre delitos y penalidades.