La Procuraduría General de la Nación se encuentra revisando en detalle, la respuesta de las autoridades de Caldas frente al terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.
En una mesa de trabajo, y de acuerdo con el Ministerio Público, se revisó con la Gobernación de Caldas y las alcaldías de Chinchiná, Manizales y Villamaría cuáles son los avances alcanzados y, especialmente, qué tareas siguen pendientes en materia de gestión del riesgo.
El seguimiento se concentró en varios puntos fundamentales para conocer la magnitud de la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.
Sobre el registro de daños y necesidades
De acuerdo con la información oficial, uno de los asuntos revisados fue el Registro Único de Daños, RUD, y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, EDAN.
Estos instrumentos son fundamentales después de una emergencia porque permiten establecer qué ocurrió, cuáles fueron las afectaciones y qué necesidades tiene la población damnificada.
Por esa razón, la Procuraduría verificó los avances de las autoridades en estos procesos y los desafíos que todavía permanecen.
Planes de acción: calamidad y recuperación
La Procuraduría explicó que otro de los puntos analizados fue la expedición y ejecución de los decretos de calamidad pública.
Sumado a eso, se revisó la formulación de los Planes de Acción Específicos para la Recuperación, que deben orientar las acciones de las autoridades para atender las consecuencias de la emergencia y avanzar hacia la recuperación de los municipios afectados.
En ese mismo sentido, la misma Procuraduría destacó que hay otro asunto clave: la posibilidad de modificar los Planes de Ordenamiento Territorial, los POT, para facilitar la construcción de vivienda de Interés Social y Prioritario, VIS y VIP.
Esto resulta especialmente importante dentro de la etapa de recuperación, teniendo en cuenta las necesidades habitacionales que puedan surgir después de una emergencia.
Riesgo sísmico e infraestructura para evitar posibles nuevas emergencias
En el reporte entregado por la Procuraduría se detalla que también revisó la gestión del riesgo sísmico y la seguridad de la infraestructura considerada esencial.
De la misma forma se conoció que la preocupación está puesta en que las autoridades no solamente respondan a los daños que ya dejó el terremoto, sino que también adopten medidas para reducir los riesgos frente a posibles nuevas emergencias.
En la mesa de trabajo también se evaluó la calidad en la prestación de los servicios públicos, otro de los componentes fundamentales en la atención de una población afectada por un desastre natural.
Atención a los damnificados
Para finalizar, dentro de esta actuación preventiva realizada por la Procuraduría, se analizó la protección y atención de la población damnificada.
Para ese particular, la Regional de Caldas y la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial hicieron este seguimiento junto con las autoridades departamentales y municipales.
El objetivo es identificar qué está funcionando, qué falta por completar y cuáles son los principales desafíos que enfrentan las administraciones en esta etapa posterior al terremoto.
La revisión incluye desde el registro de los daños y la evaluación de las necesidades, hasta los decretos de calamidad, los planes de recuperación, la vivienda, la seguridad de la infraestructura, los servicios públicos y la atención de los damnificados.
El llamado es a que las autoridades mantengan coordinadas las acciones de gestión del riesgo y recuperación, y garanticen una respuesta adecuada para las comunidades afectadas.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué está revisando la Procuraduría?
Los avances y pendientes de las autoridades de Caldas después del terremoto del 10 de agosto.
¿Qué municipios participaron?
Chinchiná, Manizales y Villamaría, además de la Gobernación de Caldas.
¿Qué es el RUD y para qué sirve?
Es el Registro Único de Daños, utilizado para identificar y consolidar las afectaciones ocasionadas por la emergencia.
¿Qué otros temas están bajo seguimiento?
Los planes de recuperación, los decretos de calamidad, la vivienda VIS y VIP, el riesgo sísmico, la infraestructura esencial, los servicios públicos y la atención a los damnificados.