La Asamblea Nacional de Francia aprobó por unanimidad un proyecto de ley destinado a poner fin al llamado “deber marital”, una noción jurídica que durante décadas permitió interpretar el matrimonio como una obligación implícita de mantener relaciones sexuales.
La iniciativa responde a las críticas de organizaciones de derechos de las mujeres, que han denunciado su uso para ignorar el consentimiento sexual dentro del matrimonio y minimizar la violación conyugal.
¿Obligación para los cónyuges?
El texto, respaldado por más de 120 diputados de la Cámara Baja, introduce una aclaración explícita en el código civil francés: la cohabitación no crea ninguna obligación para los cónyuges de mantener relaciones sexuales.
El proyecto es de carácter interpartidista y deberá ahora ser debatido y votado en el Senado.
Actualmente, el código civil de Francia enumera cuatro deberes asociados al matrimonio: fidelidad, apoyo, asistencia y cohabitación, pero no menciona ninguna obligación sexual.
No obstante, antiguas sentencias judiciales interpretaron en algunos casos la cohabitación como una “cama compartida”, lo que permitió que la idea del “deber marital” persistiera en la práctica judicial.
Este vacío legal quedó en evidencia en 2019, cuando un hombre obtuvo el divorcio alegando que su esposa había dejado de mantener relaciones sexuales con él, un fallo que generó una fuerte reacción social y reavivó el debate sobre el consentimiento dentro del matrimonio.
"Culpable"
El caso llegó a instancias superiores y, el año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de la exesposa, estableciendo que una mujer que se niega a tener relaciones sexuales con su marido no puede ser considerada “culpable” por los tribunales en un proceso de divorcio.
La reforma se inscribe en un contexto más amplio de cambios legislativos en Francia. En 2025, el país incorporó el principio del consentimiento explícito en la definición del delito de violación, alineándose con otros Estados europeos como España, Suecia y los Países Bajos, que ya habían introducido este criterio en su legislación penal.
Con esta iniciativa, el Parlamento francés busca cerrar definitivamente la puerta a interpretaciones jurídicas que contradigan el consentimiento sexual, reforzando la idea de que el matrimonio no puede ser utilizado como justificación para relaciones sexuales no deseadas.