Seis días después de que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenara suspender la intervención de la Superintendencia de Salud en la EPS Coosalud, y tres días después de la notificación de la decisión, el Gobierno aún no le devuelve la entidad a su representante legal, el empresario Jaime Miguel González Montaño.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y González es de vieja data. Un juzgado administrativo sancionó el 14 de abril al presidente Gustavo Petro con una multa de quince salarios mínimos por desacatar un fallo de tutela que en noviembre del año pasado le mandó rectificar sus acusaciones contra el exgerente.
Un día después, con la sanción a cuestas, el mandatario insistió, en su cuenta de X, en que González “es un corrupto”.
“Los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la Fiscalía”, añadió. Con el pasar del tiempo, el Gobierno se ha afincado en no regresarle la EPS al odontólogo.
La transición es al menos complicada, en todo caso. Coosalud no solo es una EPS, sino también una cooperativa que, precisamente, es su propietaria.
La Superintendencia de Salud interviene la EPS desde noviembre de 2024, treinta años después de que un grupo de líderes comunitarios de Cartagena la fundara.
Y la Superintendencia de Economía Solidaria, por su parte, interviene la cooperativa. La superintendente María José Navarro se desplazó la semana pasada a la capital de Bolívar, a la sede de Coosalud, para impedir que el empresario retomara el control, argumentando que el auto que suspende la intervención de la EPS no le compete a la Supersolidaria.
El 15 de abril, la Supersolidaria -además- aprovechó la coyuntura para emitir un comunicado sobre “un macroinforme” acerca de la cooperativa Coosalud con presuntas “simulaciones de compras de cartera” —falsos créditos que unificaban varias deudas— por más de 55.000 millones de pesos de prestadores de salud.
Un choque entre superintendencias y acusaciones sobre el manejo de las finanzas
La investigación arrojó, además, contratos por más de 37.000 millones de pesos “respaldados con la firma de pagarés en blanco”, un patrimonio autónomo para reorganizar obligaciones y acaparar transacciones de unos 9.600 millones, y procesos ejecutivos que superan los 300.000 millones por esas operaciones.
Con todo ello, la Supersolidaria sostiene que hay argumentos para mantener su intervención. La Superintendencia de Salud, por su parte, aseguró que acatará la medida cautelar decretada en el Tribunal Administrativo de Bolívar, pero hasta ahora no cumple. Por eso Jaime González denunció al interventor Jorge Orlando Suárez.
Julián Quintana, el abogado de González, anunció la denuncia, que radicó este lunes en la Fiscalía General de la Nación por los delitos de prevaricato por acción, usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial.
También presentó una queja en la Procuraduría General de la Nación, por los mismos punibles.
El contador público Jorge Orlando Suárez es interventor de Coosalud desde el 9 de abril, cuando la Superintendencia de Salud hizo a un lado a varios delegados del Gobierno por suspensiones provisionales que la Procuraduría ordenó.
El Ministerio Público investiga a Alexander Mesa Romero, el antecesor de Suárez. La Supersalud asumió el rumbo de Coosalud, en noviembre de 2024.
La agencia gubernamental, que un año después ratificó la toma forzosa de la junta directiva y los bienes de la entidad, alegó graves deficiencias administrativas y financieras, como el posible desvío de más de 200.000 millones de pesos.
Las denuncias y el lío por el control de la intervención
Antes de Suárez, la EPS pasó por cinco interventores: Mauricio Camargo, Gloria Libia Polanía, Carlos Eduardo Franco, Julio César Piñeros y Alexander Mesa. Todos están bajo la lupa de la Procuraduría, pues habrían incumplido sus funciones como agentes estatales para superar la crisis, que no ha mejorado.
En 2024, el año de la intervención, Coosalud acaparaba 81.072 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS). Al cierre de 2025 la cifra fue de 107.252, un aumento del 32%. Las tutelas pasaron de 16.771 en 2024 a 20.216 en 2025, un incremento del 21%. Y las cuentas por cobrar fueron de 66,18 mil millones de pesos a 274,7 mil millones.
“Los propósitos planteados con la intervención, al parecer, no se habrían cumplido luego de más de un año de haber adoptado las medidas encomendadas por la Superintendencia”, señaló la Procuraduría en un auto.
“Varios aspectos administrativos y económicos habrían desmejorado significativamente”, zanjó.
Mesa, Piñeros, Franco, Polanía y Camargo están llamados a declarar de manera voluntaria en medio de la investigación que la Procuraduría abrió en su contra.
Entre las pruebas para avanzar en el proceso, el Ministerio Público les pidió informes a la Contraloría y la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres )sobre la plata girada a Coosalud.
La Corte Constitucional reportará el número de tutelas presentadas en 2024, 2025 y hasta el 31 de enero de 2026, sobre el derecho a la vida, la salud, la dignidad y la integridad de los usuarios de Coosalud, detallando cuántas están en desacato. Si Mesa seguía como interventor, “puede continuar incumpliendo sus funciones”.
El deterioro de Coosalud y las dudas sobre los resultados de la intervención
Jaime González, Natalia Largo —una ejecutiva de Coosalud— y Multiservicios OL SAS —una sociedad con participación en la EPS— interpusieron una acción popular para recuperar a Coosalud. El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a la medida cautelar que solicitaron y suspendió la intervención hasta un fallo de fondo.
“El plan de acción no ha mostrado resultados satisfactorios, al punto de no contener una mejoría en la gestión de la administración”, señala el auto, que firmó el magistrado Luis Miguel Villalobos y que resalta “un deterioro financiero progresivo y profundo” en la EPS. Hay “señales claras de descapitalización”, concluye.
A pesar del auto, la Superintendencia de Salud no le devuelve a González la EPS. El 17 de abril el abogado Quintana denunció que el organismo de vigilancia y control “le dio la instrucción” al interventor Suárez “de no entregar nada”.
“Acudiremos a las instancias correspondientes para que cumplan la orden” del Tribunal de Bolívar, expresó.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud y el exalcalde Daniel Quintero como futuro superintendente— administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS y casi el total de los 3,35 millones de Coosalud.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué el Gobierno no ha devuelto Coosalud pese a la orden judicial?
Aunque el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender la intervención de la Superintendencia de Salud, la entidad no ha revertido la medida. En la práctica, el Gobierno se ha aferrado a mantener el control de la EPS, en medio de un pulso con su representante legal, Jaime González, a quien el presidente Gustavo Petro ha señalado públicamente.
Además, hay un enredo institucional: mientras la Supersalud interviene la EPS, la Superintendencia de Economía Solidaria mantiene la intervención sobre la cooperativa dueña de Coosalud. La dualidad ha servido como argumento para frenar la devolución efectiva de la entidad.
¿Qué irregularidades se investigan dentro de Coosalud?
La Supersolidaria reveló un “macroinforme” con presuntas anomalías financieras, como simulaciones de compra de cartera por más de 55.000 millones de pesos y contratos respaldados con pagarés en blanco por otros 37.000 millones. También identificó un patrimonio autónomo y procesos ejecutivos que superan los 300.000 millones.
Se suman los cuestionamientos históricos de la Supersalud, que justificó la intervención por posibles desvíos de más de 200.000 millones y fallas administrativas. Los hallazgos son la base de las autoridades para sostener que la intervención aún tiene sustento.
¿Qué dicen las autoridades sobre los resultados de la intervención del Gobierno Petro en Coosalud?
Lejos de mejorar, los indicadores de Coosalud han empeorado durante la intervención. Las peticiones, quejas y reclamos aumentaron 32% entre 2024 y 2025, mientras que las tutelas crecieron 21%. También se dispararon las cuentas por cobrar, lo que evidencia un deterioro financiero.
La Procuraduría concluyó que los objetivos de la intervención no se han cumplido y advirtió un desmejoramiento en varios frentes administrativos y económicos. Incluso, investiga a varios de los interventores que han pasado por la entidad.
¿Qué consecuencias legales tiene el incumplimiento de la orden del tribunal?
El representante legal de Coosalud, a través de su abogado, denunció al actual interventor por delitos como prevaricato, fraude a resolución judicial y usurpación de funciones públicas, al considerar que no ha acatado la orden del Tribunal. También presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría.
El caso podría escalar si se confirma el desacato a la medida cautelar, lo que abriría la puerta a sanciones para funcionarios y a nuevas decisiones judiciales que obliguen al Gobierno a devolver la EPS mientras se resuelve el fondo del litigio.