El Pacto Histórico a través de la Cámara de Representantes radicó un nuevo proyecto de reforma al sistema de salud en el que propone una transformación de la administración y financiación del sector mediante la creación de un Fondo Único Público de Salud, el fortalecimiento de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) y un conjunto de medidas orientadas a mejorar la transparencia, el flujo de recursos y la sostenibilidad financiera del modelo.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es convertir a la ADRES en el principal administrador de los recursos públicos destinados a la salud, otorgándole funciones como el recaudo de recursos fiscales y parafiscales, la administración del nuevo Fondo Único Público de Salud, el giro directo a prestadores y proveedores de servicios y medicamentos, además del seguimiento al gasto y la realización de auditorías para fortalecer el control financiero del sistema.
Más control sobre los recursos públicos
La propuesta también fortalece los mecanismos de vigilancia y control. El proyecto establece que la Contraloría General de la República tendrá acceso pleno y en tiempo real a la información del Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud (SPUIIS), con el propósito de ejercer un control fiscal permanente sobre la ejecución de los recursos del sistema.
Asimismo, la ADRES deberá publicar todas las transacciones y movimientos financieros relacionados con los recursos del sector, presentar informes semestrales al Congreso sobre la ejecución presupuestal y realizar audiencias públicas de rendición de cuentas.
Fondo Único Público de Salud
La iniciativa crea el Fondo Único Público de Salud, que será administrado por la ADRES y concentrará los recursos destinados a financiar el sistema.
El fondo estará conformado por tres cuentas:
- Una para Atención Primaria en Salud.
- Una para el fortalecimiento de la red pública hospitalaria.
- Una cuenta general para administrar los demás recursos del sistema.
Además, el articulado propone implementar, en un plazo máximo de doce meses, un sistema de auditoría en tiempo real basado en tecnologías digitales, incluyendo blockchain, con el fin de garantizar la trazabilidad de los recursos y fortalecer la transparencia en su administración.
Nuevas fuentes de financiación
El proyecto incorpora nuevas fuentes para financiar el sistema de salud.
Entre ellas se incluyen la destinación del 100 % del recaudo de los impuestos saludables aplicados a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados al aseguramiento en salud, además de la incorporación de recursos provenientes del IVA social y el compromiso del Gobierno Nacional de incrementar progresivamente el presupuesto del sector hasta alcanzar un aumento equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto entre 2026 y 2032.
Impulso a medicamentos e innovación
Otro de los aspectos contemplados en la reforma busca fortalecer la producción nacional de medicamentos y vacunas.
El proyecto señala que, cuando exista oferta nacional, el Ministerio de Salud deberá dar prioridad a productores locales en los procesos de adquisición de vacunas y medicamentos, bajo criterios científicos y conforme al perfil epidemiológico del país. También contempla el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo de tecnologías biomédicas y la implementación de métodos alternativos a la experimentación animal.
Adicionalmente, ordena un plan integral para modernizar el Invima, con mayores capacidades operativas, digitalización de procesos regulatorios, fortalecimiento del talento humano y atención permanente las 24 horas en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. El proyecto también establece que los trámites para impulsar la fabricación nacional de medicamentos deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses.
Nueva metodología para financiar la atención
En materia de aseguramiento, la iniciativa redefine la Unidad de Pago por Capitación (UPC), estableciendo que su cálculo deberá sustentarse en estudios técnicos y actuariales que tengan en cuenta variables como dispersión geográfica, edad, sexo, carga de enfermedad, condiciones epidemiológicas y disponibilidad de servicios.
La propuesta divide la financiación entre un componente destinado a la Atención Primaria en Salud, financiado mediante un esquema per cápita, y otro orientado a cubrir la atención de mediana y alta complejidad, ajustado por riesgo y características de la población.
Con estas medidas, el proyecto busca reorganizar el flujo de los recursos públicos del sistema de salud, fortalecer la capacidad operativa de la ADRES, ampliar las fuentes de financiación, modernizar la regulación sanitaria e impulsar una mayor transparencia en el manejo de los recursos destinados a garantizar la atención de los colombianos.
Puntos a favor
- Mayor control sobre los recursos públicos. La ADRES asumiría el papel de pagador único, lo que busca reducir la intermediación financiera y aumentar la trazabilidad de los recursos.
- Creación del Fondo Único Público de Salud. El proyecto organiza los recursos en cuentas específicas para atención primaria, fortalecimiento de la red hospitalaria y demás obligaciones del sistema.
- Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS). Se destinan recursos específicos para financiar los CAPS, medicamentos ambulatorios, equipos territoriales y transporte sanitario.
- Impulso a la red pública hospitalaria. Se crean fuentes de financiación específicas para mejorar la sostenibilidad de hospitales públicos y fortalecer su funcionamiento.
- Mayor transparencia. El proyecto propone auditorías en tiempo real, uso de tecnologías como blockchain y acceso de la Contraloría a la información financiera del sistema.
- Nueva metodología para calcular la UPC. Se plantea que el valor se base en estudios actuariales, variables demográficas, epidemiológicas y geográficas para reflejar mejor los costos reales de la atención.
- Fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos y vacunas. Se promueve la compra a productores nacionales cuando exista oferta disponible y se busca agilizar trámites regulatorios.
- Mayor inversión en salud pública. El proyecto incorpora nuevas fuentes de financiación, incluidos recursos provenientes de impuestos saludables y un incremento gradual del presupuesto del sector.
- Cobertura para enfermedades huérfanas y formación del talento humano. El Fondo Único contempla recursos para enfermedades raras, formación en salud y un fondo para catástrofes y epidemias.
Puntos en contra
- Alta concentración de funciones en la ADRES. La entidad asumiría la administración, el giro de recursos, auditorías y pagos, lo que representa un enorme reto operativo y administrativo.
- Complejidad de la transición. La reorganización financiera implica modificar el flujo de recursos y adaptar a miles de instituciones, lo que podría generar dificultades durante la implementación.
- Mayor presión sobre las entidades territoriales. Municipios y departamentos deberán aportar recursos y asumir nuevas responsabilidades para financiar la atención primaria y la red pública.
- La sostenibilidad dependerá de los recursos disponibles. Aunque se crean nuevas fuentes de financiación, el éxito dependerá de que efectivamente ingresen los recursos proyectados.
- Altos requerimientos tecnológicos. La implementación de sistemas interoperables y auditorías digitales requerirá importantes inversiones y capacidad técnica.
- No garantiza automáticamente suficiencia financiera. Aunque el proyecto ordena calcular una UPC suficiente, el resultado dependerá de los recursos presupuestales que apruebe el Estado.
- La capacidad de producción nacional puede ser limitada. Algunos medicamentos y tecnologías seguirían dependiendo de importaciones mientras se fortalece la industria local.
- La financiación futura depende de decisiones fiscales. Parte de los recursos proyectados requiere disponibilidad presupuestal y sostenibilidad de las finanzas públicas.
- No detalla completamente los mecanismos de ejecución. El proyecto establece la destinación de recursos, pero varios aspectos operativos quedan sujetos a reglamentación posterior por parte del Ministerio de Salud.
Papel de las EPS
De acuerdo con el Proyecto de Ley de Reforma al Sistema de Salud, las EPS no desaparecen de manera inmediata, sino que tienen dos opciones: transformarse en Gestoras de Salud y Vida o retirarse del sistema mediante un plan de retiro voluntario.
Estos son los principales cambios:
- Las EPS dejarían de administrar los recursos de la salud
- Uno de los cambios más importantes es que las EPS ya no manejarían los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
- La ADRES se convierte en el pagador único del sistema y girará directamente los recursos a hospitales, clínicas, operadores logísticos y gestores farmacéuticos.
¿Se transformarían en Gestoras de Salud y Vida?
Las EPS que cumplan los requisitos podrán convertirse en Gestoras de Salud y Vida.
Para ello deberán:
- Presentar un plan de transformación.
- Presentar un plan de saneamiento de pasivos.
- Obtener la aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud.
- Cumplir nuevas condiciones de habilitación.
¿Qué funciones tendrían las Gestoras?
Según el proyecto, las Gestoras de Salud y Vida se concentrarán en la gestión del riesgo en salud, más que en la administración financiera.
Entre sus principales funciones estarán:
- Organizar y coordinar la atención de la población.
- Coordinar la referencia y contrarreferencia entre los CAPS y la red hospitalaria.
- Hacer seguimiento a los pacientes.
- Representar y orientar al usuario dentro del sistema.
- Auditar la prestación de los servicios.
- Coordinar las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).
El proyecto es explícito en señalar que las Gestoras no manejarán recursos ni ordenarán el gasto.
¿Cómo se financiarían?
En lugar de administrar toda la UPC, recibirían una remuneración del 5 % de la UPC por cada afiliado a su cargo para cumplir sus funciones.
Además, podrían obtener incentivos adicionales por:
- Resultados en salud.
- Uso eficiente de los recursos.
- Satisfacción de los usuarios.
¿Qué pasa con las EPS que no quieran transformarse?
Si una EPS decide no convertirse en Gestora de Salud y Vida deberá:
- Presentar un plan de retiro voluntario.
- Saldar sus pasivos.
- Transferir gradualmente sus afiliados al nuevo sistema durante la transición.
Si no manifiesta ninguna decisión dentro del plazo establecido, el proyecto señala que se iniciará su proceso de retiro.
Habrá un periodo de transición
Las EPS podrán continuar operando hasta por dos años, mientras se implementa el nuevo modelo, siempre que cumplan las condiciones previstas en la ley.
Durante ese periodo deberán organizar la atención de sus afiliados junto con las entidades territoriales y los nuevos Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS).
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Qué cambios propone la reforma para las EPS?
El proyecto establece que las EPS dejarán de administrar los recursos de la salud y podrán transformarse en Gestoras de Salud y Vida si cumplen los requisitos establecidos por la ley. También tendrán la opción de retirarse del sistema mediante un plan de transición. Las nuevas gestoras se enfocarán en la gestión del riesgo en salud y la coordinación de la atención de los usuarios.
¿Cuál será el papel de la ADRES en el nuevo modelo de salud?
La ADRES se convertirá en el principal administrador y pagador de los recursos públicos del sistema de salud. Entre sus funciones estarán recaudar los recursos, administrar el Fondo Único Público de Salud, realizar el giro directo a hospitales, clínicas y proveedores, además de ejercer auditorías y seguimiento al uso de los recursos.
¿Cómo se financiarán las Gestoras de Salud y Vida?
Las Gestoras de Salud y Vida ya no administrarán la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En cambio, recibirán una remuneración equivalente al 5 % de la UPC por cada afiliado para cumplir sus funciones de gestión y podrán acceder a incentivos adicionales por resultados en salud, eficiencia y satisfacción de los usuarios.
¿Qué sucederá con las EPS que no se transformen en Gestoras de Salud y Vida?
Las EPS que decidan no transformarse deberán presentar un plan de retiro voluntario, sanear sus pasivos y trasladar de manera gradual a sus afiliados al nuevo modelo durante el periodo de transición previsto en el proyecto de reforma.