El Comando Nacional Unitario —conformado por las centrales obreras CUT, CTC y CGT, junto a las confederaciones de pensionados CDP y CPC— defendió de forma vehemente el decreto presidencial que fija el incremento del salario mínimo para 2026 en un 23.7%.
Los líderes sindicales rechazaron los intentos de sectores empresariales y políticos por revertir la medida expedida por el presidente Gustavo Petro. “La ofensiva contra este incremento no responde a argumentos técnicos ni jurídicos, sino a una disputa política que busca frenar un avance histórico en el ingreso real de la clase trabajadora”, sostuvo Fabio Arias, presidente de la CUT.
Sustento legal y constitucional
Las organizaciones afirmaron que el decreto es plenamente legal, dado que la normativa faculta al Ejecutivo para fijar el salario ante la falta de acuerdo en la Comisión Nacional de Concertación. Recordaron que la medida se fundamenta en el artículo 53 de la Constitución, el cual garantiza un salario mínimo vital y móvil, principio que consideran ha sido históricamente ignorado.
Asimismo, señalaron que la decisión guarda coherencia con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la necesidad de remuneraciones dignas para asegurar la justicia social.
Desmitificación de la "narrativa del miedo"
El Comando Nacional Unitario desmintió las proyecciones negativas de los gremios empresariales. Arias destacó que, desde 2022, el salario ha crecido por encima de la inflación mientras indicadores como el desempleo y la pobreza han descendido, impulsando el empleo en sectores como el agrario, el turismo y el comercio.
Respecto a la inflación, el bloque sindical sostuvo que no existe evidencia de que estos aumentos destruyan empleos o disparen los precios. Por el contrario, argumentan que fortalecen el mercado interno. Atribuyeron la carestía actual a factores como:
- Costos de producción y decisiones empresariales.
- Precios de los combustibles.
- Rentas monopólicas y altas tasas de interés del Banco de la República.
Medidas complementarias e impacto económico
Las centrales resaltaron que el Gobierno también expidió actos administrativos para desindexar bienes y servicios del aumento salarial, protegiendo así el bolsillo ciudadano en rubros como copagos de salud, multas y arriendos.
En términos económicos, el Comando subrayó que la diferencia entre el decreto y la propuesta empresarial (del 7%) representa $223.737 mensuales adicionales para cada trabajador. “Para las familias populares, esta suma significa comida y transporte; para las élites, es apenas una fracción de sus márgenes de ganancia”, advirtieron.
Rechazo a las tarifas de transporte y llamado a las calles
Las organizaciones manifestaron su rechazo a las alzas en las tarifas de transporte público en Cali, Medellín y Bogotá, calificándolas como un traslado injustificado del aumento salarial al usuario.
Finalmente, el Comando Nacional Unitario convocó a una movilización nacional el próximo miércoles 28 de enero de 2026. Las concentraciones iniciarán a las 10:00 a. m. frente a los Palacios de Justicia de todo el país. “Defender el salario mínimo es defender la Constitución y el derecho a vivir con dignidad”, concluyó Arias.