Tribunal de Antioquia da seis meses al Invías para reparar la autopista Medellín-Bogotá

El Tribunal declaró que el Invías vulneró los derechos colectivos a la seguridad pública y a la prevención de desastres.
Peaje de la Autopista Medellín Bogotá Crédito: Agencia Nacional de Infraestructura

El Tribunal Administrativo de Antioquia le ordenó al Instituto Nacional de Vías reparar los sectores deteriorados de la autopista Medellín–Bogotá, en el tramo Santuario–Caño Alegre, y le dio seis meses para hacerlo.

El Tribunal declaró que el Invías vulneró los derechos colectivos a la seguridad pública y a la prevención de desastres previsibles técnicamente por el mal estado de la vía. La decisión, de primera instancia, se tomó este lunes 9 de noviembre dentro de una acción popular que cuatro ciudadanos presentaron en agosto de 2025.

Seis meses para intervenir los puntos deteriorados

El plazo empieza a correr cuando la sentencia quede en firme. En ese tiempo, la entidad deberá hacer un diagnóstico técnico actualizado de los cerca de 133 kilómetros de la Ruta 6005 en este corredor, con base en él ejecutar un programa de reparación y mantenimiento, y priorizar los puntos que representen mayor riesgo para los conductores.

También tendrá que revisar y corregir la señalización en los sectores que intervenga. El Tribunal precisó que no ordena repavimentar toda la vía, sino intervenir los tramos que lo necesiten.

Informes evidenciaron el deterioro de la carretera

El fallo se apoya en los propios informes de la interventoría del contrato vigente. Según esos documentos, de septiembre y octubre de 2025, 73 kilómetros de la carretera, el 55 %, estaban en mal estado, otros 36 en estado regular y solo 18 en estado bueno o muy bueno. Los reportes registraron baches, fisuras, deformaciones y problemas de estabilidad en taludes y de drenaje.

El Invías se defendió con los contratos de mantenimiento que ha firmado desde 2019, por más de 327.000 millones de pesos para varios corredores del país. Para el Tribunal, eso no demuestra que los sectores afectados se hayan recuperado. Además, señaló que en julio de 2026 la entidad no entregó un diagnóstico actualizado del estado de la carretera.

Accidente mortal y denuncias por huecos en la vía

El fallo se conoce días después de la muerte de Carlos Julián Gallego Duque, docente de la Institución Universitaria Pascual Bravo y trabajador de EPM, en un accidente en el sector El Silencio, en San Luis.

Según las primeras versiones, el motociclista habría perdido el control tras pasar por un hueco y después chocó contra un furgón; las autoridades investigan si el estado de la vía influyó. Además, el colectivo Los Magníficos de la Ruta 60 asegura que en marzo de 2026 identificó 918 huecos entre El Santuario y Puerto Triunfo y reclama una intervención urgente.

Para vigilar el cumplimiento se creó un comité de verificación, con los cuatro demandantes, un representante del Invías, el Ministerio Público y el magistrado ponente, Juan Guillermo Cardona Osorio, quien lo presidirá. Al terminar los seis meses, el Invías deberá entregar un informe técnico final con soportes de las obras.

Claves del tema:

¿Qué ordenó el Tribunal Administrativo de Antioquia al Invías?

El Tribunal ordenó al Instituto Nacional de Vías reparar los sectores deteriorados de la autopista Medellín–Bogotá, específicamente en el tramo entre Santuario y Caño Alegre. La entidad tiene un plazo de seis meses, contado a partir de que la sentencia quede en firme, para realizar un diagnóstico técnico actualizado, ejecutar un programa de reparación y mantenimiento y priorizar los puntos que representen mayores riesgos para los conductores. También deberá revisar y corregir la señalización en los sectores intervenidos.

¿Por qué el Tribunal tomó esta decisión?

La decisión se fundamenta en una acción popular presentada por cuatro ciudadanos en agosto de 2025. La Sala Tercera consideró que el mal estado de la carretera vulneró los derechos colectivos a la seguridad pública y a la prevención de desastres previsibles técnicamente. Para llegar a esa conclusión, tuvo en cuenta los informes de interventoría de septiembre y octubre de 2025, que evidenciaron que 73 kilómetros, equivalentes al 55 % del corredor evaluado, estaban en mal estado. Los documentos también registraron baches, fisuras, deformaciones y problemas de estabilidad en taludes y drenajes.

¿Qué tendrá que hacer exactamente el Invías durante los seis meses?

La entidad deberá actualizar el diagnóstico técnico de los cerca de 133 kilómetros de la Ruta 6005 que corresponden a este corredor. A partir de esa evaluación tendrá que desarrollar un programa de reparación y mantenimiento, dando prioridad a los sectores que representen mayores riesgos para quienes transitan por la autopista. También deberá corregir la señalización en los puntos donde realice intervenciones. El Tribunal aclaró que la orden no implica repavimentar los 133 kilómetros, sino atender los tramos que realmente lo necesiten según las condiciones identificadas.

¿Qué relación tiene el fallo con el accidente mortal ocurrido en San Luis?

La decisión judicial se conoce días después de la muerte de Carlos Julián Gallego Duque, docente de la Institución Universitaria Pascual Bravo y trabajador de EPM, quien falleció en un accidente de tránsito en el sector El Silencio, en San Luis. De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista habría perdido el control luego de pasar por un hueco y posteriormente chocó contra un furgón. Sin embargo, las autoridades investigan si las condiciones de la carretera tuvieron alguna incidencia en el accidente. A esto se suman las denuncias del colectivo Los Magníficos de la Ruta 60, que asegura haber identificado 918 huecos entre El Santuario y Puerto Triunfo en marzo de 2026.

¿Quién vigilará que el Invías cumpla la orden judicial?

El Tribunal dispuso la creación de un comité de verificación encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Este organismo estará integrado por los cuatro ciudadanos que promovieron la acción popular, un representante del Invías, el Ministerio Público y el magistrado ponente, Juan Guillermo Cardona Osorio, quien asumirá la presidencia. Una vez termine el plazo de seis meses, el Invías tendrá que presentar un informe técnico final acompañado de los soportes que acrediten las obras y actividades de mantenimiento realizadas.