El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha (La Guajira) abrió formalmente un incidente por desacato contra la Agencia Nacional de Tierras, el Gobierno nacional, departamental y de Riohacha, debido al incumplimiento de la Sentencia T-556 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó la protección integral del territorio ancestral y de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas wayúu de Santa Rosa y Arroyo Guerrero.
Incumplimiento de una orden constitucional vigente
La apertura del desacato se produce a partir de acciones promovidas directamente por las propias comunidades indígenas, que han ejercido la defensa de sus derechos fundamentales frente a años de omisión institucional que afectan su vida cotidiana, salud, acceso al agua y su relación cultural y espiritual con el territorio.
El tribunal señaló que a más de siete años de haberse emitido la sentencia, no se han implementado medidas esenciales como la clarificación de los predios, la constitución de los resguardos indígenas y la garantía efectiva de derechos básicos.
Las comunidades denunciaron además que durante años se les ocultó la existencia del fallo, impidiéndoles conocerlo, exigir su cumplimiento y participar en decisiones que afectan directamente su territorio.
Defensa territorial y alertas por posibles riesgos
A la situación de incumplimiento institucional se suma la denuncia de amenazas de muerte contra integrantes de las comunidades wayúu, relacionadas con su labor de defensa y protección del territorio de Arroyo Guerrero.
Estos hechos fueron reportados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del Acuerdo de Escazú, y ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Cabe mencionar que las comunidades han manifestado su preocupación por la intención de avanzar en la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en un territorio cuyo estatus jurídico no ha sido resuelto debido al desacato.
Aunque aclaran que no se oponen al saneamiento ni al tratamiento de aguas residuales para Riohacha, exigen que cualquier proyecto se adelante con estudios de impacto ambiental, licencia ambiental, consulta previa real, informada y adecuada, y respeto a una sentencia constitucional vigente.
El auto judicial identifica a funcionarios de entidades nacionales, departamentales y municipales que deberán responder dentro del incidente por desacato. Asimismo, la documentación del caso está siendo remitida a organismos nacionales e internacionales para advertir que el proyecto se estaría promoviendo en un escenario de incumplimiento judicial.
Más allá de un debate técnico, el caso plantea una discusión de fondo sobre el Estado de derecho, la protección de los pueblos indígenas y la obligación de cumplir las decisiones de la Corte Constitucional. El incidente de desacato ya está abierto y la atención se centra ahora en si las instituciones actuarán antes de que el daño al territorio sea irreversible.