Rodolfo Enrique Salas Figueroa es el secretario general y director jurídico del Ministerio de Salud. Ha sido el respaldo del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en varias jugadas ambiciosas, como la denuncia en marzo de 2025 contra directivos de la farmacia Audifarma, por un presunto acaparamiento de medicamentos.
Entre 2016 y 2019, cuando Jaramillo fue alcalde de Ibagué, Salas fue asesor de su despacho y del de otras entidades municipales, como el Instituto para el Deporte y la Recreación.
El 3 de marzo de 2026, el abogado especialista en derecho público radicó una petición, en nombre del Ministerio de Salud, ante el Instituto de Medicina Legal.
Salas, también especialista en derecho penal, le pidió al organismo la historia clínica y el informe de necropsia de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia A severa que murió luego de dos meses sin recibir su medicamento. El Instituto respondió que los documentos están sujetos a reserva legal.
La historia clínica, Medicina Legal y el dictamen forense
Habían pasado dieciocho días desde la muerte de Kevin y catorce desde que el presidente Gustavo Petro, en un discurso en La Guajira, leyó sin consentimiento la historia clínica del menor, que incluía un “documento de aceptación” con el que Yudy Katherine Pico, la madre, autorizaba no intervenir al niño quirúrgicamente.
El 17 de marzo, exactamente un mes después de la alocución del mandatario, Medicina Legal le respondió a Salas y a la cartera sanitaria, con un oficio marcado con el número 557197.
El Instituto explicó que no está facultado para entregar información que hace parte de una investigación penal, y le remitió la petición a la Fiscalía.
De hecho, en ese momento Medicina Legal no había terminado el informe de necropsia de Kevin, pues se trataba de un caso complejo que exigía un análisis riguroso. Preveía concluir el 17 de abril, y, de todos modos, enviarle los resultados únicamente a la Fiscalía 51 de la Unidad de Delitos Contra la Vida e Integridad Personal.
El secretario Salas y el Ministerio de Salud estuvieron inconformes. El Instituto no les respondió como esperaban, así que radicaron una tutela alegando una supuesta vulneración del derecho fundamental de petición.
El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá respondió con un fallo de doce páginas el 14 de abril.
La FM tuvo acceso en primicia al documento, que firmó el juez Alexander Díaz Pedrozo y que está en medio de una disputa entre el gobierno de Gustavo Petro y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
En una alocución el 27 de abril, el presidente acusó a la entidad de supuestamente ocultar las causas del fallecimiento de Kevin.
Choque con el Gobierno y el fallo que respaldó a Medicina Legal
“Medicina Legal es la que sabe por qué murió, y no entrega el informe porque la fiscal general dijo que no nos lo entregara”, protestó el jefe de Estado junto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El Instituto lo desmiente: la fiscal Luz Adriana Camargo no ha solicitado información del caso y tampoco la ha bloqueado.
En realidad, Medicina Legal ni siquiera tiene autoridad de entregar resultados sin orden judicial, como lo ratificó una respuesta de la entidad a La FM. Los informes “solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”, y cualquier otro trámite ante personas naturales o jurídicas necesitaría un aval superior.
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, luego se pronunció. “El Instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad para entregar los resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales”, explicó el médico en un video, en el que además narró cómo el Ministerio de Salud acudió a la tutela.
La demanda fue improcedente. La premisa de que “no se había emitido contestación alguna” no pasó ningún umbral que acreditara la vulneración a un derecho fundamental. El Instituto Forense “acreditó haber emitido y remitido respuesta a la solicitud antes de la presentación de la acción constitucional”.
Incluso, la respuesta de la entidad “evidencia una actuación diligente frente a lo requerido, encaminada a que la solicitud fuera conocida por la autoridad que consideró competente” para decidir si la necropsia se entrega o no. “No se evidencia una afectación actual del derecho fundamental de petición”, concluye el fallo.
Una vez más, Salas y el Ministerio de Salud no estuvieron satisfechos. Impugnaron el fallo. El proceso aterrizó en el Tribunal Superior de Bogotá el 24 de abril. La magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano —la que negó el preacuerdo de Olmedo López con la Fiscalía en el caso de la UNGRD— será la ponente en la segunda instancia.
Hasta ahí va el litigio, confirma en primicia La FM. La magistrada Chamat, que el 30 de abril resolverá la apelación de la detención preventiva de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, aún no se pronuncia. El equipo jurídico de la familia de Kevin Acosta prepara una denuncia contra el ministro Guillermo Jaramillo.
Mientras el caso de Kevin retoma protagonismo, la defensora del pueblo, Iris Marín, pide no “relativizar la gravedad” de la cadena de falencias que derivaron en la muerte del niño. "Nos queda, como funcionarios públicos, respetar el dolor de la familia y estar en disposición de acompañarla", expresó ante la prensa este martes.
Familia del niño Kevin busca reparación por la muerte del menor
La postura va alineada a un comunicado público del 17 de febrero en el que la Defensoría aseveró que el sistema de salud defraudó a Kevin Arley. El presidente Petro y el ministro Jaramillo habían culpado a la familia del menor por permitirle montar bicicleta, lo que para el Ministerio Público era una clara revictimización.
“Hoy todos somos Kevin Acosta. La muerte de Kevin no es responsabilidad de su mamá, porque el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada”, escribió la entidad en un trino, en el que concluyó que “el cuidado es un derecho humano, igual que la salud”.
La familia de Kevin demandó al Estado. El miércoles 27 de mayo la señora Yudy Katherine Pico encarará a las entidades que impulsaron su luto. La mujer espera que reconozcan la negligencia con la que actuaron al atender al huilense de siete años, quien padecía hemofilia A severa pero no recibía su medicina.
La Procuraduría General de la Nación, que concluyó que Kevin murió por la inadvertencia de Nueva EPS, citó a la familia del niño y a cuatro organismos estatales a una conciliación, el primer paso antes de un proceso de reparación directa, un mecanismo judicial para reclamarle al Estado una indemnización.
El monto que la familia Pico exige no es menor: más de mil ochocientos millones de pesos. Si la conciliación fracasa, la justicia debe determinar si la pretensión es justa. La FM conoció en primicia la fecha fijada. Los Pico proponen, para evitar el engorroso camino de los estrados, unos 923,26 millones de pesos.
De allí todo miembro afectado por la muerte sacaría una parte: desde Yudy Pico, quien pide más de 175 millones, hasta las hermanas del niño, cada una con más de 87,54 millones. Johan Steven Corredor, el hermano de Kevin, podría obtener otros 87,54 millones, igual que la abuela materna, Carmen Naranjo.
Once dolientes de Kevin buscan que el Estado admita sus falencias en el deceso. Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país, es una de las citadas a conciliar.
El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Salud y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado también están llamadas a responder.
“Se solicita, como base conciliatoria, el reconocimiento del perjuicio material derivado del truncamiento de la vida productiva del menor y de la pérdida de ayuda económica futura que, según el curso ordinario de las cosas, habría podido proyectar hacia su familia”, dice la convocatoria de la Procuraduría, que La FM conoció en primicia.
Un tratamiento interrumpido y una serie de deficiencias en la atención
Ocho familiares de Kevin estarán en la conciliación. Les acompañarán dos abogados: William Mejía y Wilson Ruiz. Mejía le señaló La FM que su intención es conciliar: “es la manera más sensata y más ágil de reparar el daño que sufrió la familia de Kevin, el daño material y el daño moral”. “Estamos completamente dispuestos”, zanjó.
Cuando Kevin murió, no tenía una IPS asignada. Pero había pasado por dos, Medicarte e Integral Solutions, en Huila, antes de su traslado a Bogotá para permanecer en el Hospital La Misericordia. Ninguna de las prestadoras le garantizó emicizumab, indispensable para su trastorno de coagulación.
El motivo fue contundente: cuentas por pagar que superan los 61 mil millones de pesos. Nueva EPS había incumplido sus contratos. Kevin Arley Acosta Pico murió el 13 de febrero. El movimiento Pacientes Colombia, que reúne a unas doscientas organizaciones, aseguró que el fallecimiento se debió al “abandono” de la EPS.
La oenegé calificó su fallecimiento como “evitable”. La Procuraduría General, por su parte, responsabilizó a Nueva EPS por su “omisión” y “negligencia”, y elaboró un informe detallando las circunstancias alrededor del deceso. El 8 de febrero Kevin ingresó al hospital San Antonio de Pitalito tras caer cuando montaba bicicleta.
El niño golpeó su cabeza desde una altura de un metro y medio, aproximadamente. Su madre lo llevó a urgencias en Palestina, un municipio huilense fundamentalmente agricultor de doce mil habitantes. Debía aplicarse emicizumab cada veintiocho días, pero desde el 12 de diciembre de 2025 no recibía ninguna dosis.
Desde Palestina, los médicos lo remitieron a Pitalito. La IPS Medicarte terminó su convenio con Nueva EPS el primero de enero de 2026. Desde entonces, Kevin no tenía IPS. La EPS le informó a la madre del menor del traslado a otra IPS, Integral Solutions, donde solo tuvo una consulta de hematología por teléfono.
Al día siguiente de la cita, “me notificaron que esta IPS tampoco tenía contrato vigente con la EPS”, contó Yudy Katherine Pico, madre de Kevin. La llamada derivó en la orden de unos exámenes que no fueron posibles. “Nueva EPS no se ha hecho responsable, ni de la IPS del niño ni del medicamento”, relató.
Los pacientes con hemofilia, un trastorno hereditario que afecta a la sangre, son especialmente delicados. Por ley, las EPS deben garantizar una IPS que brinde atención cabal, incluso en términos psicológicos, y que certifique la dispensación de medicamentos. El golpe en la cabeza de Kevin provocó un sangrado cerebral.
Deudas de Nueva EPS, IPS sin contratos firmes y miles de pacientes en riesgo
El Ministerio Público elaboró un informe sobre los pormenores de la muerte del menor, y determinó que la falta de entrega de emicizumab por cerca de dos meses puso a Kevin “en una situación clínica crítica”. Medicarte, la IPS que atendía al niño, suspendió la entrega de medicinas por falta de pago de Nueva EPS.
La IPS Integral, que debía recibir a los pacientes de Medicarte, no asumió el compromiso, por el mismo motivo: Nueva EPS tampoco le giró recursos. La Procuraduría indicó que otros dos mil pacientes “podrían estar en alto riesgo” por las mismas condiciones, pues no tienen atención médica asegurada.
El documento de la Procuraduría constata una cartera de 53,18 mil millones de pesos que Nueva EPS no le había transferido a Medicarte con corte al 31 de diciembre de 2025, cuando terminó la relación contractual. Nueva EPS inició gestiones el 16 de enero de 2026 para trasladar la atención de la población a Integral Solutions.
La consulta por telemedicina de Kevin ocurrió el 27 de enero. Integral indicó que la EPS “solamente refirió el paciente, pero no corrió traslado de documentación de atención, formulación” o historia clínica para “confirmar el estado actual del usuario”, narra la Procuraduría. No puede descartarse que haya ocurrido lo mismo en otros casos.
Por si fuese poco, la deuda con Integral también es vasta: 8,38 mil millones de pesos que superan los ciento cincuenta días de mora, “sin que al día de hoy se haya dado trámite alguno a la depuración, abono o pago parcial ni total”. La segunda IPS de Kevin señaló su “imposibilidad absoluta” de atender a la población de la primera IPS.
Un mes y cuatro días después de la muerte de Kevin, la Procuraduría decidió, además, abrir una investigación disciplinaria contra Luis Óscar Galves Mateus, exinterventor de Nueva EPS a partir de noviembre de 2025 en medio de la toma forzosa que la Superintendencia de Salud adelanta desde abril de 2024.
Galves renunció sin que la Procuraduría concretara la investigación en su contra. Ahora el médico, exalcalde y exembajador Jorge Iván Ospina tiene a Nueva EPS y a sus falencias sobre sus hombros. Galves tiene otro caso a cuestas por su labor en Savia Salud, la EPS más grande de Antioquia y que el Gobierno interviene desde 2023.
El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió la intervención. La Superintendencia de Salud mantuvo una vigilancia especial sobre Savia Salud por seis años, pero no mejoró sus indicadores financieros. La agencia de vigilancia y control omitió explicar si el deterioro en las finanzas era estructural o por errores de la administración.
Intervenciones, quejas e investigaciones tras la muerte de Kevin
Tuvo cinco interventores: Edwin Rodríguez, Diana Rodríguez, Luis Óscar Galves, William Salgado Gamboa —suspendido por tres meses— y Edda Sintura. Ahora debe regresar a sus accionistas: la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Confama.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud y Daniel Quintero como superintendente recién posesionado— administra seis EPS, tras las órdenes judiciales sobre Coosalud y Savia Salud: Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS concentra la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS y casi el total de los 3,35 millones de Coosalud.
En el informe sobre Kevin, la Procuraduría resalta que el balance posterior a la intervención de Nueva EPS expone “un riesgo incalculable respecto de la garantía del derecho fundamental a la salud”. La entidad ha incumplido “sus obligaciones de garantizar la atención médica”, especialmente a la población de especial protección.
Nueva EPS generó “un riesgo vital” que se materializó con la muerte de Kevin Arley Acosta Pico. Además, cayó “en deficiencias en la gestión administrativa, al no remitir oportunamente las historias clínicas, no garantizar la articulación efectiva con prestadores de salud ni asegurar la continuidad del tratamiento”.
La familia de Kevin Acosta, con el abogado Manuel Villanueva, denunció al presidente Petro y al ministro Jaramillo por revelar parte de la historia clínica del menor.
La Procuraduría compulsó copias para que la Fiscalía investigue a “las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el lamentable fallecimiento”.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inspeccionó la última semana de febrero unas ocho IPS en Huila, Antioquia, Santander, Cauca y Bogotá para conocer qué servicios y medicamentos se le suministraron, o no, a Kevin. También analizó la necropsia que el Instituto de Medicina Legal practicó.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué buscaba el Ministerio de Salud con la tutela contra Medicina Legal?
El Ministerio de Salud, a través de su director jurídico, solicitó mediante tutela que el Instituto de Medicina Legal entregara la historia clínica y el informe de necropsia del niño Kevin Acosta, alegando una supuesta vulneración del derecho fundamental de petición. La cartera sostenía que no había recibido respuesta de fondo a su solicitud. Sin embargo, el caso reveló que el Instituto sí contestó y, además, que remitió la petición a la Fiscalía.
¿Por qué un juez rechazó la tutela interpuesta por el Gobierno?
El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la demanda al concluir que no existía vulneración del derecho de petición. El fallo estableció que Medicina Legal actuó de forma diligente y respondió dentro de los tiempos legales.
¿Qué dice Medicina Legal sobre la entrega de la necropsia y la historia clínica?
Medicina Legal ha sido enfático en que no tiene facultades para entregar informes de necropsia ni documentos relacionados con investigaciones penales sin una orden judicial. Su papel, como auxiliar de la justicia, lo obliga a remitir ese tipo de información exclusivamente a la Fiscalía. Además, aclaró que el informe de necropsia ni siquiera estaba listo al momento de la solicitud del Ministerio.
¿En qué va el proceso y qué otros frentes siguen abiertos en el caso?
El Ministerio de Salud impugnó el fallo, por lo que el caso ahora está en el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir en segunda instancia si mantiene o revoca la decisión. Mientras tanto, persiste el choque entre el Gobierno y Medicina Legal. En paralelo, la familia de Kevin avanza en una conciliación con el Estado para reclamar una indemnización millonaria.