La Corte Suprema de Justicia y la Universidad EAFIT realizarán este martes 28 de julio el conversatorio "Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes: prevención, protección y acceso a la justicia", un espacio que reunirá a altas autoridades del Estado, academia, organismos de control y expertos nacionales para analizar los principales desafíos que enfrenta el país en la protección de la niñez y la adolescencia frente a la violencia sexual.
El encuentro, que se desarrollará en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT, busca fortalecer la articulación institucional y promover acciones conjuntas para mejorar la prevención, la protección integral y el acceso efectivo a la justicia, frente a una problemática que continúa afectando a miles de menores de edad en Colombia.
Las cifras reflejan la magnitud de la violencia contra menores
Las cifras evidencian la urgencia de fortalecer las respuestas institucionales. En Colombia, uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet (21 %) ha sufrido alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología, según la investigación Disrupting Harm de UNICEF, ECPAT e INTERPOL.
A este panorama se suma que la violencia sexual, incluyendo actos sexuales abusivos, acoso y acceso carnal, entre otras conductas, constituye una de las principales causas de ingreso de menores de edad a la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Entre las formas de violencia digital más reportadas se encuentran la recepción de imágenes sexuales no deseadas (15 %), ofertas de dinero o regalos a cambio de contenido sexual (6 %) y presiones para compartir material íntimo (5 %).
De igual manera, los presuntos delitos sexuales registrados entre 2022 y 2025 constituyeron la segunda forma de violencia más frecuente, afectando a cerca del 60 % de los niños y niñas entre los 10 y los 14 años.
Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación también reflejan la magnitud del problema. Entre 2015 y 2025 fueron registrados 22.697 niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos asociados a la explotación sexual comercial, mientras que 18.883 personas fueron vinculadas a procesos judiciales por estas conductas.
Además, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), durante 2024 se registraron 3.200 nacimientos de niñas entre los 10 y los 14 años, embarazos y maternidades forzadas derivados de hechos de abuso y violencia sexual.
El conversatorio reunirá a magistrados, autoridades y expertos
El conversatorio iniciará a las 7:30 a. m. con el registro de asistentes y la instalación oficial entre las 8:00 y las 8:30 a. m., para dar paso a cuatro paneles temáticos que abordarán diferentes dimensiones del fenómeno.
La programación incluye:
- Panel 1: Dinámicas de la violencia sexual: entornos de riesgo y prevención.
- Panel 2: Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes: mercados criminales, transformaciones urbanas y corresponsabilidad.
- Panel 3: Adolescencia, autonomía progresiva y protección integral: desafíos para el derecho y la sociedad.
- Panel 4: Acceso a la justicia y protección integral: retos institucionales respecto a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
La jornada concluirá con un espacio de conclusiones orientado a identificar acciones concretas para fortalecer la respuesta institucional frente a este fenómeno.
El evento contará con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrados, representantes del ICBF, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Universidad EAFIT y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entre otros invitados.
La Corte Suprema de Justicia reiteró que la protección de niñas, niños y adolescentes requiere una respuesta articulada entre las instituciones, las familias, la academia y la sociedad, con el fin de garantizar entornos seguros y una justicia efectiva para las víctimas de violencia sexual.
¿Cuál es el objetivo del conversatorio organizado por la Corte Suprema y EAFIT?
El encuentro busca reunir a autoridades judiciales, entidades del Estado, academia y expertos para analizar los principales desafíos que enfrenta Colombia en la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, pretende fortalecer la articulación entre instituciones y promover estrategias que mejoren la protección integral de los menores y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
¿Qué cifras muestran la gravedad de la violencia sexual contra menores en Colombia?
Según los datos presentados para el conversatorio, el 21 % de los adolescentes usuarios de internet ha sufrido alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología. Entre 2015 y 2025 se registraron 22.697 víctimas menores de edad de explotación sexual comercial y 18.883 personas fueron vinculadas a procesos judiciales por estos delitos. Además, durante 2024 se reportaron 3.200 nacimientos de niñas entre los 10 y los 14 años, asociados a embarazos y maternidades forzadas producto de violencia sexual.
¿Qué temas se abordarán durante la jornada académica?
El conversatorio estará dividido en cuatro paneles dedicados a analizar las dinámicas de la violencia sexual y los entornos de riesgo; la explotación sexual y los mercados criminales; la protección integral y los derechos de los adolescentes; y los desafíos que enfrentan las instituciones para garantizar el acceso a la justicia y la atención de las víctimas.
¿Quiénes participarán en el evento?
La jornada contará con la presencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, representantes del ICBF, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Universidad EAFIT y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, además de expertos nacionales en protección de la niñez y la adolescencia.
¿Por qué la Corte Suprema considera necesario este espacio de discusión?
Porque la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes continúa representando una de las principales problemáticas que afectan a esta población en Colombia. La Corte considera indispensable fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones, las familias, la academia y la sociedad para prevenir estos delitos, garantizar la protección de los menores y mejorar la respuesta judicial frente a estos casos.